En un tribunal de inmigración de San Diego, California, una jueza intenta hacer más llevadera la audiencia para una niña de cinco años enfrentando un procedimiento de deportación. La menor, quien llegó a EE. UU. desde México junto a su hermana y hermano, sin la compañía de un adulto, debe navegar el complejo sistema migratorio por su cuenta, ya que su madre, quien emigró en otro momento, no puede pagar un abogado.
Esta situación podría afectar a otros 26.000 niños migrantes que, al igual que esta niña, enfrentan sus casos sin la ayuda de un abogado. En marzo, el gobierno de EE. UU. decidió cancelar contratos con organizaciones que brindaban representación legal a menores no acompañados. Este cambio fue suspendido temporalmente por una jueza federal hasta el 16 de abril.
La Ley de Protección de Niños Extranjeros no Acompañados de 2005 establece que los menores tienen derecho a recibir asesoría legal competente, pero con los recortes a estas organizaciones, muchos de estos niños podrían verse obligados a defenderse por sí mismos. Los abogados que luchan por estos menores coinciden en que el sistema es un desafío incluso para los profesionales, y muchos temen que la falta de representación legal les impida obtener una resolución justa.
Los menores migrantes no acompañados suelen ser víctimas de abuso, negligencia o persecución en sus países de origen, y para poder quedarse en EE. UU., deben probar su situación ante un juez. Sin embargo, sin un abogado, las posibilidades de éxito disminuyen considerablemente, y muchos niños no se presentan en los tribunales por miedo o falta de comprensión del proceso.
Algunos abogados están dispuestos a tomar estos casos de forma gratuita, pero muchos enfrentan dificultades para hacerlo debido a la presión y las repercusiones legales. A pesar de la enorme carga que esto representa, se argumenta que el gobierno tiene los recursos suficientes para garantizar que todos los niños migrantes tengan acceso a una defensa legal adecuada.
Sin un abogado que los represente, los menores migrantes están en una posición vulnerable, lo que pone en riesgo su bienestar y futuro en EE. UU.
En un tribunal de inmigración de San Diego, California, una jueza intenta hacer más llevadera la audiencia para una niña de cinco años enfrentando un procedimiento de deportación. La menor, quien llegó a EE. UU. desde México junto a su hermana y hermano, sin la compañía de un adulto, debe navegar el complejo sistema migratorio por su cuenta, ya que su madre, quien emigró en otro momento, no puede pagar un abogado.
Esta situación podría afectar a otros 26.000 niños migrantes que, al igual que esta niña, enfrentan sus casos sin la ayuda de un abogado. En marzo, el gobierno de EE. UU. decidió cancelar contratos con organizaciones que brindaban representación legal a menores no acompañados. Este cambio fue suspendido temporalmente por una jueza federal hasta el 16 de abril.
La Ley de Protección de Niños Extranjeros no Acompañados de 2005 establece que los menores tienen derecho a recibir asesoría legal competente, pero con los recortes a estas organizaciones, muchos de estos niños podrían verse obligados a defenderse por sí mismos. Los abogados que luchan por estos menores coinciden en que el sistema es un desafío incluso para los profesionales, y muchos temen que la falta de representación legal les impida obtener una resolución justa.
Los menores migrantes no acompañados suelen ser víctimas de abuso, negligencia o persecución en sus países de origen, y para poder quedarse en EE. UU., deben probar su situación ante un juez. Sin embargo, sin un abogado, las posibilidades de éxito disminuyen considerablemente, y muchos niños no se presentan en los tribunales por miedo o falta de comprensión del proceso.
Algunos abogados están dispuestos a tomar estos casos de forma gratuita, pero muchos enfrentan dificultades para hacerlo debido a la presión y las repercusiones legales. A pesar de la enorme carga que esto representa, se argumenta que el gobierno tiene los recursos suficientes para garantizar que todos los niños migrantes tengan acceso a una defensa legal adecuada.
Sin un abogado que los represente, los menores migrantes están en una posición vulnerable, lo que pone en riesgo su bienestar y futuro en EE. UU.
