Siguiendo una de las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump en su primer día como presidente, el gobierno de Estados Unidos anunció que, a partir de este jueves, ciertos carteles mexicanos serán considerados “organizaciones terroristas extranjeras” (FTO, por sus siglas en inglés).
El documento, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, incluye a poderosos grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana. También figuran el Cártel del Noroeste (CDC, una escisión de Los Zetas) y Cárteles Unidos, una alianza de células que operan en el sur de México.
Además, la lista negra se amplió con el Tren de Aragua, una organización delictiva originada en Venezuela y con presencia en varios países de América Latina, así como la Mara Salvatrucha (MS-13), la pandilla nacida en Los Ángeles en la década de los 80, responsable de actos violentos en El Salvador y otros territorios.
“Designo a estas organizaciones y sus respectivos alias como organizaciones terroristas extranjeras”, declaró Rubio en el documento oficial.
Esta medida da cumplimiento a la orden ejecutiva de Trump, quien había advertido que tomaría esta decisión desde el inicio de su mandato.
“México probablemente no lo quiera, pero es algo que debemos hacer”, afirmó el expresidente al firmar la disposición el 20 de enero en el Despacho Oval.
El documento señala que las actividades de estos grupos representan “una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense, la estabilidad de Estados Unidos y el orden internacional en el hemisferio occidental.”
Pero, ¿qué significa esta designación? ¿Realmente es efectiva en el combate a estos grupos? ¿Y por qué México se opone?
¿Por qué EE.UU. los considera grupos terroristas?
Desde 1996, la legislación estadounidense permite designar Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y aplicar sanciones específicas contra ellas.
El Departamento de Estado gestiona esta lista, que actualmente incluye 75 organizaciones, entre ellas grupos yihadistas como Al Qaeda y Estado Islámico, Hamás, y antiguas guerrillas latinoamericanas como las FARC y el ELN en Colombia, además de Sendero Luminoso en Perú.
Para que una entidad sea catalogada como FTO, debe cumplir tres requisitos:
- Ser una organización extranjera.
- Participar en actos de terrorismo o demostrar intención de hacerlo.
- Representar una amenaza para la seguridad de EE.UU., su defensa, relaciones exteriores o intereses económicos.
La idea de incluir al Tren de Aragua y la MS-13 en esta lista surgió recientemente, pero la discusión sobre los carteles mexicanos lleva años en debate.
Ya en 2011, el Congreso de EE.UU. propuso la medida tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses por narcotraficantes, pero la iniciativa no prosperó. En 2019, el tema resurgió tras la masacre de la familia LeBaron, en la que murieron nueve personas, incluidos niños y mujeres con doble nacionalidad.
Sin embargo, fue el auge del tráfico de fentanilo lo que impulsó la propuesta. Con miles de muertes anuales en EE.UU. atribuidas a esta droga, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió en 2022 una orden ejecutiva para endurecer la lucha contra el tráfico de estupefacientes.
En 2023, 21 fiscales republicanos instaron al entonces presidente Joe Biden a declarar a los carteles como organizaciones terroristas, argumentando que estas bandas han causado más muertes en EE.UU. que cualquier otro grupo terrorista en el mundo.
“Trump está comprometido a usar todas las herramientas, incluidas las fuerzas de operaciones especiales, para eliminarlos”, aseguró Tom Homan, exfuncionario de la administración Trump.
¿Qué cambia en la lucha contra estos grupos?
Aunque Estados Unidos ya tenía mecanismos legales para perseguir a estas organizaciones, la nueva designación amplía su margen de acción.
En el caso del Tren de Aragua, la administración de Biden ya lo había incluido en la lista de “organizaciones criminales transnacionales”, al igual que la MS-13.
Para los carteles mexicanos, el gobierno estadounidense utilizaba la “Ley de Designación de Cabecillas del Narcotráfico” de 1999, conocida como Kingpin Act, la cual bloquea el acceso de estos grupos y sus asociados al sistema financiero de EE.UU.
Con la nueva clasificación, ahora se podrán aplicar medidas más estrictas, como:
- Bloqueo de capitales y sanciones económicas más severas.
- Penalización a cualquier persona que brinde apoyo o recursos a estos grupos.
- Penas de hasta 20 años de prisión para quienes colaboren con ellos, o cadena perpetua si su actividad resulta en muertes.
El periodista Ioan Grillo, experto en crimen organizado en México, explicó que esta medida facilita la apertura de casos legales en EE.UU., ya que ahora basta con demostrar un vínculo con los carteles, sin necesidad de probar una amenaza directa contra ciudadanos estadounidenses.
A pesar de ello, analistas consideran que la Kingpin Act ya ofrecía herramientas similares, por lo que no está claro qué tan efectivo será el nuevo enfoque en la lucha contra estos grupos.
México y su postura ante la medida
El gobierno mexicano se ha mostrado reacio a esta designación, argumentando que podría justificar intervenciones unilaterales de EE.UU. en su territorio.
En administraciones anteriores, México rechazó la propuesta, alegando que los carteles no cumplen con la definición clásica de terrorismo, ya que su principal objetivo es el lucro y no tienen una agenda política o ideológica.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha expresado su oposición a cualquier acción que implique operaciones militares extranjeras dentro de México.
Sin embargo, con esta nueva designación, Washington podría incrementar la presión sobre el gobierno mexicano para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
Conclusión
La decisión de Estados Unidos de catalogar a los carteles mexicanos y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas marca un giro en su estrategia de seguridad.
Si bien sus efectos reales aún están por verse, esta medida refuerza el poder del gobierno estadounidense para sancionar a estas organizaciones y perseguir a quienes las apoyan.
El debate sobre su efectividad sigue abierto, así como las tensiones diplomáticas que pueda generar con México y otros países de la región.
