Durante su reciente visita a la Casa Blanca, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró que no tiene intención de devolver a Estados Unidos a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado en circunstancias irregulares por la administración de Donald Trump y que actualmente se encuentra en una prisión de máxima seguridad en su país.
En una rueda de prensa junto al expresidente Trump, Bukele respondió en inglés a las preguntas de los periodistas: “¿Cómo podría regresar a EE.UU. a un criminal? ¿Ingresar a un terrorista de manera ilegal?”, expresó, aunque no existen registros oficiales de que Ábrego haya sido acusado formalmente de algún delito en ninguno de los dos países. También descartó su liberación, afirmando: “No somos de los que dejan libres a terroristas”.
Días antes, la Corte Suprema de EE.UU. había ratificado la orden de una juez federal que solicitaba facilitar el regreso de Ábrego al país, al considerar que su expulsión ignoró una resolución de 2019 que lo protegía de ser deportado por temor a sufrir violencia si regresaba a El Salvador.
El Departamento de Justicia estadounidense reconoció que la deportación fue producto de un “error administrativo”. Sin embargo, Stephen Miller, uno de los asesores de Trump, contradijo esta versión y afirmó que “se envió al hombre correcto al lugar correcto”.
Un caso que simboliza las tensiones migratorias
Kilmar Ábrego García, quien llegó sin documentos a EE.UU. en 2011 para escapar de amenazas de pandillas en su país, vivía en Maryland con un hermano ciudadano estadounidense. En 2019 fue detenido mientras buscaba empleo, acusado por las autoridades de tener vínculos con la pandilla MS-13, algo que él siempre negó.
Ese mismo año, un tribunal suspendió su deportación de forma indefinida, considerando que su vida corría peligro si regresaba a El Salvador. Desde entonces, Ábrego vivía en EE.UU., trabajaba en el sector metalúrgico y cumplía con sus citas migratorias. No obstante, el pasado 12 de marzo fue detenido nuevamente y, poco después, deportado a El Salvador, a pesar de la protección judicial vigente.
Desde su regreso, permanece recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel que ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos debido a denuncias de condiciones inhumanas y hacinamiento.
La juez federal Paula Xinis calificó como infundadas las acusaciones en contra de Ábrego, basadas en una única denuncia sin pruebas. Aun así, la administración de Trump se negó a cumplir la orden de su regreso y apeló ante el Tribunal Supremo, argumentando que la juez estaba interfiriendo en la política exterior del país. Sin embargo, la Corte Suprema confirmó la orden de la magistrada.
En la reunión en el Despacho Oval entre Bukele y Trump, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, declaró que la decisión final sobre el futuro de Ábrego está en manos del gobierno salvadoreño.