Kilmar Ábrego García se ha transformado en una figura representativa para quienes critican las políticas migratorias implementadas durante la administración de Donald Trump. Su caso ha generado un fuerte conflicto entre el poder judicial y el ejecutivo en Estados Unidos.
Ábrego, un salvadoreño trabajador de la industria metalúrgica y padre de familia, residía en el estado de Maryland con su esposa e hijos. Sin embargo, en marzo fue detenido y trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una de las cárceles más estrictas de El Salvador.
El gobierno estadounidense lo deportó junto a más de 250 personas, acusadas sin pruebas de pertenecer a pandillas como el Tren de Aragua o la Mara Salvatrucha (MS-13). Días después, un funcionario del gobierno admitió ante una corte federal en Maryland que la expulsión de Ábrego fue producto de “un error administrativo”.
Desde 2019, Ábrego contaba con una protección legal conocida como “suspensión de remoción”, que le impedía ser deportado a su país de origen.
Una orden judicial
El pasado viernes, la jueza federal Paula Xinis ordenó que Ábrego fuera devuelto a Estados Unidos antes de la medianoche del lunes. La administración Trump, sin embargo, alegó que la orden judicial excedía sus competencias, ya que Ábrego se encontraba bajo custodia del gobierno salvadoreño, e hizo una petición a la Corte Suprema para frenar esa resolución.
Argumentaron que seguir la decisión de Xinis implicaría que los tribunales federales de distrito tendrían autoridad sobre asuntos diplomáticos fuera del país.
Inicialmente, el presidente de la Corte Suprema suspendió temporalmente la orden para analizar el caso. Pero este jueves, el máximo tribunal estadounidense resolvió que el gobierno debía tomar medidas para facilitar el regreso de Ábrego.
El fallo indicó que la jueza actuó correctamente al exigir que se ayudara a liberar a Ábrego en El Salvador y que su situación legal debía manejarse como si nunca hubiese sido deportado.
Además, se pidió a la administración Trump que informara sobre las acciones tomadas y futuras estrategias para lograr su regreso.
Una vida en EE.UU.
Kilmar llegó a Estados Unidos en 2011, con tan solo 16 años, huyendo de amenazas de pandillas en su país. Su abogado, Simón Sandoval-Moshenberg, explicó que desde 2006 su familia había sido víctima de extorsión, violencia física y amenazas de muerte por parte de estos grupos criminales.
El abogado sostiene que Ábrego no tiene ningún vínculo con organizaciones como la Mara Salvatrucha ni el Tren de Aragua, y acusa al gobierno de no haber presentado evidencia que justifique las acusaciones.
La principal acusación se remonta a 2019, cuando Kilmar fue arrestado en el estacionamiento de una tienda de materiales de construcción. Durante el proceso de inmigración, un informante afirmó que era parte de la Mara Salvatrucha. Aunque no se presentó prueba sólida, un juez determinó que no podía demostrar lo contrario, lo que permitió al gobierno justificar su detención y posterior deportación.
Ese mismo año, Ábrego se casó con Jennifer Vasquez, ciudadana estadounidense que estaba embarazada de su hijo. Solicitó asilo argumentando que su vida estaba en peligro si regresaba a El Salvador. Un juez consideró creíble su testimonio y le otorgó la suspensión de remoción, una figura legal que impide su expulsión, aunque no lo convierte en residente legal.
Desde entonces, Ábrego contaba con autorización para trabajar. Vivía con su esposa, su hijo con necesidades especiales, y los dos hijos de Jennifer de una relación anterior. También estudiaba en la Universidad de Maryland y trabajaba a tiempo completo.
Una deportación que rompió una familia
Fue su esposa quien lo identificó en un video publicado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, en el que aparecían supuestos pandilleros llegando al Cecot. Reconocerlo en esas imágenes fue devastador.
Jennifer relató que sus hijos están sufriendo mucho desde que los agentes migratorios se llevaron a Kilmar. Una de sus hijas intentó enviarle mensajes por su tableta, expresándole cuánto lo extraña. “Cuida a pocoyito”, fueron las últimas palabras que él le dijo mientras estaba esposado, recordó su esposa.
Ábrego fue detenido el 12 de marzo mientras conducía con su hijo. Tres días después, ya estaba en la megacárcel salvadoreña, a pesar de que las autoridades sabían que no podía ser enviado allí legalmente.
El documento de la corte federal señala que el ICE estaba al tanto de la protección legal de Ábrego, pero aun así procedió a deportarlo. Esto ha provocado una disputa legal para esclarecer si el gobierno desobedeció la orden judicial de suspender esos vuelos o si simplemente no la recibieron a tiempo, como aseguran desde la Casa Blanca.
Otras familias también han afirmado que sus parientes fueron deportados sin tener vínculos con pandillas, y aún se desconoce con claridad cuál fue el criterio utilizado por el gobierno de EE.UU. para definir quiénes eran presuntos criminales.