La demanda, presentada en Massachusetts, sostiene que la medida es ilegal, infringe la Ley de Procedimiento Administrativo y está basada en prejuicios raciales.
Boston, MA – 3 de marzo de 2025 – Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y varios individuos han interpuesto una demanda federal contra el presidente Donald J. Trump y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por la decisión de la administración de poner fin de forma repentina al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos haitianos y venezolanos en los Estados Unidos.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts y cuenta con el apoyo de Haitian-Americans United Inc., la Asociación Venezolana de Massachusetts y la UndocuBlack Network, Inc., así como de cuatro demandantes que dependen del TPS para vivir legalmente en el país. El caso desafía la resolución tomada por la secretaria del DHS, Kristi Noem, quien anuló las prórrogas de TPS previamente otorgadas a Haití y Venezuela, lo que provocó que las fechas de finalización se adelantaran para miles de beneficiarios.
De acuerdo con los detalles de la demanda, la decisión del DHS adelanta la fecha de término del TPS para Venezuela, que originalmente era el 2 de octubre de 2026, al 2 de abril de 2025, mientras que para Haití pasa del 3 de febrero de 2026 al 3 de agosto de 2025. Los demandantes sostienen que esta medida es no solo ilegal, sino que también pone en peligro a miles de inmigrantes vulnerables que, si son deportados, enfrentarán situaciones de violencia política, crisis económica y humanitaria en sus países de origen.
“La decisión representa un ataque directo a las comunidades inmigrantes y viola los principios fundamentales del programa TPS, el cual fue establecido para proteger a quienes huyen de circunstancias extremas”, argumenta la demanda. “Las acciones de la administración no se basan en la ley ni en hechos comprobados, sino en un intento discriminatorio”.
La demanda afirma que la revocación de las extensiones de TPS infringe la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), dado que la legislación del TPS no otorga al DHS la facultad de rescindir una extensión ya concedida. Citan fallos previos de la Corte Suprema para argumentar que la agencia está actuando fuera de sus límites legales.
Además, se acusa a la administración Trump de actuar impulsada por prejuicios raciales, citando declaraciones previas del presidente y su gobierno que han descalificado a inmigrantes haitianos y venezolanos.
Especialistas legales señalan que este caso recuerda a otras batallas legales en el primer mandato de Trump, cuando los tribunales bloquearon intentos de poner fin a las protecciones del TPS para varios grupos de inmigrantes.
Los demandantes solicitan que el tribunal anule las decisiones del DHS y restablezca las prórrogas originales del TPS para Haití y Venezuela. Además, piden una orden judicial que impida la implementación de las nuevas fechas de finalización, argumentando que los beneficiarios del TPS dependen de estas protecciones para poder trabajar legalmente y vivir de forma legal en los Estados Unidos.
Grupos de defensa y personas afectadas siguen instando al Congreso a que proporcione protecciones permanentes a los beneficiarios del TPS. Mientras tanto, esta demanda podría ser crucial para determinar si la administración Trump puede revocar unilateralmente las protecciones humanitarias.
Hasta el momento, la administración Trump no ha emitido una respuesta pública sobre la demanda.