La Fiscalía de Oaxaca ha señalado a un grupo de personas por su presunta implicación en varios robos y ha centrado su investigación en un posible “ajuste de cuentas”. Sin embargo, la falta de pruebas, la posible participación de la policía de Huatulco y la impunidad con la que opera el crimen organizado en la región hacen que el caso siga envuelto en incertidumbre.
Entre las víctimas de esta masacre se encuentra Angie Pérez, de 29 años, madre de un niño de cuatro. También Rubén Antonio Ramos, de 24, dejando a su madre sumida en el dolor. Guillermo Cortés fue reportado como desaparecido por su familia, pero cuando las autoridades difundieron su caso, ya había sido asesinado. Rolando Evaristo y Uriel Calva fueron despedidos por decenas de amigos. Lesly Noya, conocida como “Huesitos” por su hermana, tenía apenas 21 años y destacaba como deportista. Yamilet López y Raúl Emmanuel González, un matrimonio de 28 años, también fueron ejecutados. Jacqueline Meza fue asesinada incluso después de que su madre denunciara su secuestro. En total, nueve jóvenes fueron secuestrados en la costa de Oaxaca y posteriormente hallados sin vida a 400 kilómetros de distancia. Pese a la brutalidad del crimen, las autoridades han justificado su muerte con la etiqueta de un “ajuste de cuentas”.
En México, los homicidios son la principal causa de muerte entre los jóvenes, superando enfermedades como el cáncer y los infartos. Solo en la primera mitad de 2024, más de 10,000 personas de entre 15 y 44 años fueron asesinadas en el país. Sin embargo, cada tragedia parece ir acompañada de una sombra de sospecha: “Algo hicieron”. Esta misma narrativa se ha repetido en Apizaco y otras localidades cercanas en Tlaxcala, de donde provenían los jóvenes asesinados. Mientras sus familias los despedían con dolor, ya circulaba una etiqueta con la que intentaban cerrar el caso: “Eran ladrones”.
Siguiendo esta misma línea, la Fiscalía de Oaxaca ha presentado su versión del caso. Tres semanas después de la masacre, el fiscal estatal Bernardo Rodríguez declaró que los jóvenes fueron contactados por un hotelero de la zona para llevar a cabo robos. Según las investigaciones, estos delitos se cometieron a mediados de febrero y a finales de ese mes el grupo ya había desaparecido. Sus cuerpos fueron hallados el 2 de marzo dentro de un vehículo en la frontera con Puebla.
Hasta el momento, hay un detenido identificado con las iniciales L.E.V.S., quien también figuraba en una ficha de búsqueda por desaparición. De acuerdo con su testimonio, el grupo tenía como objetivo robar cajeros automáticos, establecimientos comerciales y a clientes bancarios. Aunque el fiscal reconoce que no todos estaban involucrados en estos actos delictivos, sostiene que la mayoría sí lo estaba, mientras que otros simplemente los acompañaban en lo que parecía ser un viaje.
Pese a la gravedad del caso, el fiscal dedicó solo siete minutos a hablar sobre la investigación, catalogando el crimen como homicidio y desaparición forzada. Además, apenas mencionó la principal hipótesis de las autoridades: un ajuste de cuentas entre grupos criminales, relacionado con la violencia en la costa oaxaqueña. En esta zona opera Saúl Bogar Soto, alias “El Bogar”, señalado en documentos oficiales como el principal generador de violencia en la región. También se menciona la muerte de José Alfredo Lavariega, alias “El Jocha”, un hotelero vinculado al caso. A esto se suma el cuestionamiento de la policía municipal de Huatulco, acusada desde hace años de abusos y corrupción.
Este crimen ha puesto en evidencia el lado oscuro de un destino turístico que, detrás de su imagen paradisíaca, esconde la presencia implacable del crimen organizado.
