Una iniciativa del gobierno del presidente Gabriel Boric terminó generando un terremoto político en Chile: la destitución de Isabel Allende Bussi, hija del expresidente Salvador Allende, quien fue removida de su cargo en el Senado por participar en la fallida venta al Estado de la casa donde vivió su familia.
La idea original, anunciada por Boric en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado de 1973, era convertir la residencia ubicada en Providencia, Santiago, en un museo dedicado al legado del exmandatario. La casa, habitada por Salvador Allende, su esposa Hortensia Bussi y sus hijas entre 1953 y 1971, sería adquirida por el Estado por unos 930 millones de pesos chilenos (cerca de US$980.000).
Sin embargo, el proceso de compraventa fue interrumpido al detectarse un posible conflicto legal: Isabel Allende, como senadora en ejercicio, no podía legalmente celebrar contratos con el Estado, según lo estipula el artículo 60 de la Constitución chilena.
A pesar de que la transacción no se concretó, el Tribunal Constitucional resolvió destituir a Allende por su participación en el proceso. La decisión fue adoptada por una amplia mayoría y es inapelable. La senadora defendió su actuar, asegurando que siempre procedió con integridad y que nunca se lucró con la iniciativa.
El gobierno, por su parte, lamentó el fallo y expresó su respaldo a Allende. “Nos parece un precedente grave”, afirmó la vocera Aisén Etcheverry. El propio presidente Boric, desde una gira en la India, expresó en redes sociales su respeto y aprecio hacia la trayectoria de la parlamentaria, destacando su papel en la recuperación democrática y su compromiso con los derechos sociales.
La controversia también alcanzó a Maya Fernández, nieta del expresidente y exministra de Defensa, quien también tenía derechos sobre la propiedad. Presionada por la oposición, Fernández renunció a su cargo el pasado 10 de marzo.
Isabel Allende ha sido una figura emblemática del socialismo chileno, reconocida por su defensa de los derechos humanos durante la dictadura y por haber sido la primera mujer en presidir tanto el Senado como el Partido Socialista. Su destitución ocurre en un año electoral complejo para el oficialismo, que ahora debe lidiar con las consecuencias políticas de este episodio.
Mientras tanto, sectores de derecha celebraron la decisión. La candidata presidencial Evelyn Matthei aseguró que “la ley debe aplicarse sin excepciones ni privilegios”.
