Ni el gobierno de Estados Unidos ni el de El Salvador han revelado las identidades ni han presentado pruebas de los supuestos antecedentes criminales de los deportados. Bajo estricta vigilancia, con esposas en manos y pies, y encadenados, más de doscientos migrantes llegaron al país centroamericano en un vuelo procedente de EE.UU. en la madrugada del domingo.
Algunos fueron trasladados en vehículos blindados, otros en autobuses, pero todos fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel emblema de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele. Allí, se les afeitó la cabeza, se les vistió con uniformes carcelarios y fueron fotografiados antes de ser asignados a sus respectivas celdas.
El propio Bukele compartió imágenes del operativo en la red social X, destacando que la operación se llevó a cabo a pesar de una orden judicial en EE.UU. que intentó frenar la deportación. Posteriormente, se detalló que el grupo incluía 261 migrantes, de los cuales 238 eran presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua y 23 pertenecían, supuestamente, a la Mara Salvatrucha (MS-13). Sin embargo, hasta el momento, no se han revelado pruebas que sustenten tales acusaciones.
El gesto del mandatario salvadoreño no pasó desapercibido en Washington. “Gracias a El Salvador y al presidente Bukele por comprender la crisis migratoria provocada por el liderazgo demócrata. ¡No lo olvidaremos!”, expresó Donald Trump.
Un acuerdo con beneficios económicos
El pacto con EE.UU. no solo refuerza los lazos de Bukele con Trump, sino que también implica una compensación económica. Según el propio presidente salvadoreño, el gobierno estadounidense pagará por la manutención de los detenidos en Cecot. Aunque calificó la tarifa como “baja para ellos, pero alta para nosotros”, no especificó la cifra exacta.
Documentos obtenidos por la agencia AP indican que el acuerdo incluye un pago de 20,000 dólares anuales por cada detenido, lo que equivaldría a unos seis millones de dólares por los recién llegados. Además, el Departamento de Estado de EE.UU. habría reservado hasta 15 millones de dólares para futuras deportaciones.
Bukele sostiene que estos ingresos, junto con el trabajo de más de 40,000 reclusos en distintos talleres como parte del programa Cero Ocio, ayudarán a financiar el sistema penitenciario del país, cuyo costo actual asciende a 200 millones de dólares al año.
Un favor con implicaciones políticas
El acuerdo también fortalece la imagen de Bukele en la esfera internacional. Según Christopher Sabatini, del centro de estudios Chatham House, el salvadoreño ha consolidado su relación con Trump, quien lo ha promovido como un modelo de liderazgo en seguridad.
Para analistas como Benjamin Gedan, del Wilson Center, esta alianza significa que Washington evitará críticas hacia las políticas de Bukele, que han reducido drásticamente la criminalidad en El Salvador, pero a costa de un régimen de excepción prolongado y una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) denuncia que ni EE.UU. ni El Salvador han presentado pruebas contra los deportados, lo que genera preocupaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos. “Bukele está ofreciendo convertir a su país en una especie de Guantánamo centroamericano, donde los detenidos pierden toda comunicación con el exterior y acceso a recursos legales”, advierte Juan Pappier, subdirector de HRW.
¿Silenciar a la MS-13?
Más allá del beneficio económico y político, algunos expertos creen que el acuerdo también puede servir a Bukele para acallar voces incómodas. Juan Pappier sugiere que la deportación de supuestos miembros de la MS-13 podría evitar que estos testifiquen sobre presuntos pactos entre la pandilla y el gobierno salvadoreño.
En 2022, investigaciones periodísticas revelaron que el aumento repentino de homicidios en El Salvador estuvo relacionado con la ruptura de un supuesto acuerdo entre la administración Bukele y la MS-13. Incluso la Fiscalía de EE.UU., durante el gobierno de Joe Biden, señaló que existían indicios de negociaciones entre ambas partes. Sin embargo, el gobierno salvadoreño ha negado en todo momento cualquier tipo de pacto con pandillas.
Mientras tanto, el gobierno de Venezuela ha rechazado la deportación de ciudadanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, calificándola de “violatoria de los derechos humanos” y comparándola con prácticas históricas de persecución y opresión.
A pesar de las críticas, el pacto sigue en marcha y refuerza la imagen de Bukele como un líder dispuesto a hacer alianzas estratégicas a cambio de beneficios políticos y económicos.