Desde este lunes, agentes migratorios en República Dominicana realizan operativos en 33 hospitales públicos del país, donde solicitan documentos de identidad a pacientes, incluyendo mujeres haitianas que acaban de dar a luz. Esta medida, impulsada por el gobierno de Luis Abinader como parte de su política de control migratorio, ha generado fuertes críticas tanto dentro como fuera del país.
Entre las personas afectadas se encuentra una joven de 16 años, trasladada junto a su bebé a un centro de detención poco después de parir en un hospital de Santo Domingo. Casos similares se repiten en varios centros de salud, según relataron familiares y testigos a medios locales.
La Dirección General de Migración informó que, en el primer día de operativos, fueron deportadas 87 mujeres embarazadas o que acababan de dar a luz, acompañadas de 48 menores de edad. Las autoridades aseguran que las pacientes reciben atención médica antes de ser repatriadas, aunque diversas ONG denuncian que estas acciones vulneran derechos humanos básicos, especialmente considerando el grave contexto de violencia que vive Haití.
Organizaciones como la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) han mostrado su preocupación, advirtiendo sobre el riesgo que representa retornar a personas vulnerables a un país sumido en el caos y la inseguridad.
Desde 2020, el presidente Abinader ha endurecido su postura frente a la migración haitiana, aumentando las deportaciones, militarizando la frontera y construyendo un muro divisorio de más de 160 kilómetros. A inicios de este mes, también anunció un nuevo paquete de medidas, incluyendo reforzar el control en hospitales y promover la “dominicanización del empleo”.
Defensores de derechos humanos, como la investigadora Bridget Wooding, advierten que estas redadas no solo atentan contra tratados internacionales, sino que también contradicen leyes nacionales que prohíben la deportación de embarazadas, menores y personas mayores.
Pese a los llamados de organismos internacionales para detener estas repatriaciones forzosas, el gobierno dominicano reafirma su política de control migratorio, asegurando que su sistema de salud y su identidad nacional deben ser protegidos. Mientras tanto, cientos de familias haitianas viven con miedo a ser detenidas incluso en los momentos más vulnerables, como el nacimiento de un hijo.
