En Estados Unidos, a diferencia de otros países donde el sistema penitenciario es público, el negocio de las cárceles y los centros de detención de migrantes genera miles de millones de dólares para empresas privadas. Dos gigantes del sector, GEO Group y CoreCivic, han visto dispararse sus ingresos tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, impulsados por sus políticas de deportaciones masivas.
George Zoley, fundador de GEO Group, calificó el actual momento como una “oportunidad histórica” para expandir los servicios de su compañía, que el año pasado facturó US$2.400 millones. CoreCivic, con ingresos de US$2.000 millones, también anticipa un crecimiento récord bajo la nueva administración.
Entre los principales inversores de ambas empresas figuran fondos como BlackRock, Vanguard y Goldman Sachs. Estas compañías gestionan la mayor parte de los centros de detención para migrantes, mediante contratos adjudicados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ahora busca ampliar su capacidad ante el aumento de detenciones.
Desde noviembre, las acciones de GEO Group subieron casi un 90%, y las de CoreCivic, cerca del 50%. Para respaldar la nueva política migratoria, el gobierno ha reactivado contratos con estas firmas, incluyendo la reapertura del centro de detención Delaney Hall en Nueva Jersey, con un acuerdo valorado en US$1.000 millones. En Texas, CoreCivic también reabrirá el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, que proporcionará 2.400 camas adicionales.
El objetivo de la administración Trump es alcanzar una capacidad de 100.000 camas para migrantes detenidos, más del doble de la capacidad actual, en su intento de deportar a un millón de personas en una primera etapa.
Este ambicioso plan requiere aumentar significativamente la financiación federal. El gobierno ha solicitado al Congreso —de mayoría republicana— que apruebe mayores presupuestos para construir, renovar y contratar servicios relacionados con la detención de migrantes, lo que podría generar contratos por hasta US$45.000 millones en los próximos dos años.
Aunque las compañías privadas defienden sus estándares de operación y aseguran ser supervisadas por el gobierno, organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente las malas condiciones de vida en los centros de detención, señalando deficiencias en la atención médica y violaciones de derechos básicos.
La estrategia de Trump para fortalecer las deportaciones depende ahora no solo de endurecer las leyes migratorias, sino también de obtener el respaldo económico necesario para ampliar la infraestructura carcelaria que sostiene su plan.
