Un tratado suscrito hace más de 80 años entre México y Estados Unidos ha vuelto a generar tensión diplomática entre ambos países.
Se trata del acuerdo de 1944 que establece cómo deben repartirse las aguas del río Bravo (o río Grande, como se le conoce en EE.UU.) y del río Colorado, los cuales cruzan la frontera que comparten.
Este tratado, aunque fundamental para la cooperación hídrica bilateral, ha sido históricamente fuente de conflicto, especialmente en épocas de sequía. Agricultores mexicanos, sobre todo en el estado de Chihuahua, han protestado en varias ocasiones al considerar que el cumplimiento del acuerdo pone en riesgo sus cultivos y sustento.
La disputa volvió a escalar recientemente, cuando el expresidente Donald Trump acusó a México de incumplir con sus compromisos de entrega de agua. En su red Truth Social, afirmó que el país adeuda 1,3 millones de acres-pies (más de 1.600 millones de metros cúbicos) a Texas, y amenazó con imponer sanciones y aranceles si no se atiende esta situación.
“Detuve el mes pasado los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla. Si no lo hace, habrá más consecuencias”, advirtió Trump.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió asegurando que su administración ya había presentado una propuesta al gobierno estadounidense para atender el tema, incluyendo medidas inmediatas. Explicó que, a pesar de enfrentar una prolongada sequía en los últimos tres años, México ha estado cumpliendo dentro de sus posibilidades. También instruyó a varias dependencias a entablar comunicación directa con sus contrapartes en EE.UU. para llegar a un acuerdo.
El tratado de 1944 no surgió de la nada: su origen remoto se remonta al Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, el cual puso fin a la guerra entre ambas naciones y fijó el río Bravo como parte de la frontera. Debido a la importancia estratégica del río, se consideró necesario llegar a un consenso formal sobre su uso.
El acuerdo actual estipula que México puede conservar dos tercios del caudal principal del río Bravo, pero debe ceder el resto a EE.UU., garantizando al menos 432 millones de metros cúbicos anualmente. A cambio, Washington se compromete a entregar 1.850 millones de metros cúbicos del río Colorado cada año a México.
Además, el tratado prevé que México puede cumplir su parte en ciclos de cinco años, lo que le da cierto margen de maniobra frente a situaciones climáticas adversas.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo conjunto de ambos países, es la encargada de supervisar la implementación del acuerdo y resolver conflictos relacionados.
Algunas voces han sugerido revisar o actualizar el tratado, aunque otros analistas creen que sería riesgoso para México, ya que las condiciones actuales le otorgan ventajas importantes, especialmente el sistema de cumplimiento quinquenal.
Más allá de los debates legales o políticos, el impacto real se siente con más fuerza en las comunidades agrícolas del norte de México. En 2020, hubo enfrentamientos entre campesinos y la Guardia Nacional en Chihuahua, tras la decisión del gobierno federal de enviar agua a EE.UU. desde la presa de La Boquilla.
Salvador Alcantar, líder de los agricultores en la región, advirtió entonces sobre las consecuencias sociales de estas decisiones. Recordó que en 1995, cuando las presas no se abrieron para riego, miles de personas se vieron obligadas a migrar, lo que provocó una ruptura familiar que aún se siente.
“El problema no es solo económico, es también social. Si no podemos sembrar, muchas familias quedarán desamparadas”, afirmó.
